Personas aspirantes a jueces, magistrados y ministros están en la recta final de promocionar sus candidaturas. Las campañas nunca realizadas en México, dada la novedad de este tipo de elección que tendrá lugar el domingo uno de junio próximo, los ha llevado a que recurran a diversas formas que tiene la comunicación política y la publicidad, preferentemente en las llamadas redes sociales. Pero también en apariciones personales en diversos espacios donde están sujetos al escrutinio público. Creo un deber ciudadano convidarles algunos perfiles que pudieran llamar el interés en acudir a los centros de votación a instalarse en territorio oaxaqueño.
Uno de dichos perfiles es Javier Ignacio Ricárdez Terrazas (1993), abogado oaxaqueño con raíces familiares en la costa y valles de Oaxaca, con 12 años de experiencia en litigio civil, mercantil, administrativo y constitucional. Postulado por el Poder Ejecutivo Federal (PE), aspira al cargo de Juez de Distrito (Circuito Judicial 13, Distrito Judicial 1). Se le identifica con el número de lista 37, en la boleta de color amarillo.
Sin más recursos que colgar publicaciones en redes sociales, Ricárdez Terrazas cree que en “el actual contexto de cuestionamientos al poder judicial las candidaturas requieren más que experiencia y conocimientos técnicos, una visión de justicia que trascienda el expediente, que recupere la confianza ciudadana y que materialice los principios constitucionales en acciones concretas, haciendo realidad los principios de acceso efectivo a la justicia, especialmente para grupos históricamente discriminados o excluidos”, como la población indígena.
Remediar la exclusión de la justicia pronta, humana y cercana a estos grupos vulnerables es un motivo que mueve, según sus palabras, al abogado Javier Ricárdez, formado profesionalmente (con beca) en la Universidad Panamericana, gracias a la posibilidad de sus padres. Su desempeño profesional ejerciendo la abogacía, participando en juicios relacionados con responsabilidad civil, empresarial y ante el Estado, le han permitido fraguarse una carrera exitosa, si el éxito se mide en no tener en contra algún señalamiento de corrupción o relaciones inconfesables.
Actualmente labora como como subdirector jurídico de lo contencioso en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, por lo que aporta a los esfuerzos que desarrolla en materia educativa la Cuarta Transformación. Dedicarse a la abogacía con talante independiente, ético y profesionalismo, es orgullo para cualquier mexicana o mexicana de bien. Ha pasado de modesto auxiliar en un despacho corporativo, donde se llevan todo tipo de asuntos, a litigar casos trascendentes y ofrecer sus servicios en la función pública. Ahora es su interés en convertirse en Juez Mixto.
No corresponde decirlo a él, porque declarar alguna relación política o ideológica parece estar penada, lo cual inhibe a muchas y muchos de los participantes a sincerarse. Me dicen, quienes saben del origen modesto de su familia, que a temprana edad Javier Ricárdez acompañaba a sus mayores a las marchas en contra de Ulises Ruiz. Ya como estudiante en la ciudad de México, su visión adolescente atisbó la injusticia cometida en contra del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México a quien el régimen de Fox promovió su desafuero; posteriormente en las marchas en contra del fraude electoral del año 2006 y la siguiente elección, su familia no dejó de luchar hasta que, en 2018, el pueblo de México votó masivamente por Andrés Manuel. Si este pasado glorioso lo pudiera “condenar” para quienes están en desacuerdo con esta elección y, por lo tanto, no piensan votar, este detalle lo enaltece para quienes construyen los cambios desde cualquier trinchera.
En la actual contienda, el origen social, experiencia profesional e identificación con diversas causas, son importantes conocerlas para tomar una decisión. Algunos pudieran pensar que trabajar de antemano en el poder judicial, en cualquiera de sus áreas y responsabilidades es garantía, debido a la experiencia. Pero la apertura en esta elección permite que, quienes no han tenido dicha oportunidad, también aspiren respaldando su candidatura en la práctica profesional en cualquier ámbito y, sobre todo, en la honestidad de la persona.
El poder judicial es uno de los más prostituidos por el interés que genera el dinero y acuerdos oscuros entre juzgadores y particulares. Los riesgos de elegir a personas que pudieran tener vinculación con la delincuencia de todo tipo están presentes. El pasado de aspirantes, hombres y mujeres, debemos conocerlo, incluso de su actuación presente, pero del futuro nadie puede garantizar su comportamiento profesional y ético, aunque en las campañas actuales se ofrezcan como pretendidamente neutros, puros, sin compromiso político, partidista o económico. El electorado tiene la última palabra.
@ernestoreyes14