En junio pasado, en este espacio, formulé una afirmación respecto a las actividades sospechosamente toleradas por el gobierno estatal relacionadas con el llamado “Cártel del Despojo”:
“Hay notarios públicos que desde años atrás se prestan a este tipo de ilícitos, sin que hayan perdido su fiat, su reputación o que autoridad alguna los haya castigado, al igual que funcionarios y exfuncionarios, altamente recomendados, que se adueñan de dependencias como el Registro Civil, el Instituto de la Función Registral, el Instituto Catastral, la Consejería Jurídica y otras, porque desde ahí ‘controlan’ o pueden desaparecer todo lo que se registra en materia de propiedades de bienes muebles, inmuebles, empresas y comercio”. Una acción impune desde las entrañas mismas del Estado.
Y pregunté con buena dosis de ingenuidad: ¿Tiene algo qué decir el gobernador, o los afectados tendrán que esperar a que Salomón Jara se decida a llamar a cuentas a Ali Babá y sus más de 40 ladrones que llegaron del Estado de México – con sus cómplices locales- a expropiar vidas y haciendas de las y los oaxaqueños?”
Pues creció tanto el escándalo que llegó a la conferencia matutina presidencial, aunque Margarita García lo había detonado en la cámara federal de diputados. Algo habían reclamado legisladores locales al Fiscal, Arturo Peimbert, quien se ha visto comprometido a actuar en consecuencia. Pero fue hasta que López Obrador dio instrucciones a Rosa Isela Rodríguez, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana rindió un informe detallado, que en su parte medular procede de la Fiscalía de Oaxaca.
En la sesión Cero Impunidad, del 15 de septiembre, se dio a conocer que “de marzo de 2021 a julio de 2022, en el estado de Oaxaca se iniciaron mil 467 carpetas de investigación relacionadas con despojos de inmuebles, en donde hay colusión de notarios, servidores públicos y grupos criminales”. De este total, 213 carpetas de despojo están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales.
El modus operandi se explica así: “Quienes despojan de terrenos o inmuebles ubican una propiedad atractiva por la plusvalía, investigan en los registros públicos y catastro, junto con notarios simulan actos jurídicos y modifican las escrituras. Estas prácticas van acompañadas, en ocasiones, de violencia física, extorsiones, amenazas con privación de la libertad, incluso homicidios”.
Y se citan los casos “del asesinato de Ivonne “N”, en Ocotlán; el de Enrique “N”, magistrado del Tribunal Justicia Administrativa estatal, y Carlos “N”, asesor del municipio de Juchitán, cuyos autores materiales, así como notarios y servidores públicos implicados en los despojos fueron detenidos”. El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja agregó que también “en Tehuantepec hay carpetas de investigación en contra de diferentes personas de organizaciones que se apoderan de inmuebles, hacen invasiones y amenazan o despojan a propietarios; incluso a veces de bienes públicos, bienes de carácter federal”.
Se cita el caso de conocido invasor priista que, desde hace varios sexenios entra y sale de la cárcel como en su casa, pero Seguridad Pública federal no podrá hacer más si no quiere invadir el espacio de poder estatal. Salvo que haya tocado instalaciones del ámbito federal. De última hora trascendió que esta misma semana se obtuvo la vinculación a proceso de un sujeto que se apoderó de la propiedad de un constructor, ubicada en San Felipe del Agua, pero nada o muy poco se habla de “peces gordos”, es decir, de los autores intelectuales o quienes solapan dichas prácticas.
En Oaxaca todos saben quiénes están detrás de todas las estafas, sean o no parte del régimen; se murmura, se comenta, se platica en los cafés, en los corrillos políticos, pero muy pocos se atreven, salvo las familias víctimas o particulares directamente implicados, a alzar la voz, exigir justicia a fin de que se detenga la escandalosa impunidad. Por ello se agradece la intervención de la SSP federal y la actuación de jueces y ministerios públicos honrados. Le hacen un bien al estado para que nunca más se repita una situación que debiera avergonzar a quienes hacen de la política y del servicio público un acto de entrega a los demás.
De cualquier modo, el Cártel del Cinismo terminará siendo una lápida muy pesada para el gobierno de Alejandro Murat, cuya mala fama lo perseguirá, salvo que hacia el futuro inmediato exista un arreglo que impida la aplicación de la ley, y esta situación nos siga condenando a que en Oaxaca siga triunfando la impudicia, la deshonestidad y el descaro.
@ernestoreyes14