Alcanzará 73% la ejecución de plan de infraestructura: CMIC
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Alcanzará 73% la ejecución de plan de infraestructura: CMIC

 

Fueron cancelados dos de los principales proyectos del sexenio: el tren México-Querétaro y el Transpeninsular; en energía, la inversión llegará a 3,897 mdp, 57.4 por ciento de lo esperado.


México

La mala implementación de los cambios constitucionales y los diversos recortes al presupuesto dejarán inconclusos los beneficios de las reformas estructurales en materia de infraestructura planteados por el gobierno, en específico en energía, comunicaciones y transportes.


De acuerdo con un estudio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en el Programa Nacional de Infraestructura (2013-2018) en general se cumplirá solo con 73 por ciento de esta política; en el ramo energético se tiene como meta una inversión de 3 mil 897 millones de pesos, pero solo se llegará a 57.4 por ciento de este monto, indicó.


En la presente administración el desembolse de recursos en ese sector sumará 2 mil 238 millones de pesos.


En el reporte, elaborado por el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción con información de la Presidencia de la República, se especifica que de ese último monto, mil 627 millones de pesos serán a través de inversión pública y los restantes 611 millones 753 mil pesos correrán a cargo de empresas privadas.


El director general de la consultora en construcción Forescatim, Ricardo Trejo Nava, afirmó que ese escenario se debe a que la autoridad prometió beneficios de las reformas inmediatos, los cuales eran imposibles de cumplir.


“Son procesos que llevan tiempo, y desde luego con el fin de venderlas se tuvo que convencer a la opinión pública de que éstas traerían efectos positivos a la sociedad de manera inmediata”, añadió. “La apertura en la industria energética requiere de varias etapas, incluidas modificaciones a la Constitución y leyes secundarias; no es algo fast track”.


“El entorno económico externo, la reducción de los precios del petróleo y la inestabilidad financiera internacional fueron factores que inhibieron la inversión pública y privada en el desarrollo de infraestructura”, afirmó la CMIC.


En diciembre de 2013 el Congreso de la Unión aprobó la reforma energética, con la cual se autorizaba que compañías privadas pudieran participar en esa industria, a través de la perforación, producción y almacenamiento de petróleo, que anteriormente solo lo podía hacer Pemex.


Respecto al sector de comunicaciones y transportes, el organismo empresarial señaló en el estudio que la inversión de mil 320 millones de pesos planteada para este sexenio también se incumplirá, ya que solo llegará a 79.6 por ciento.


En ese sentido, se indicó que el desembolso de recursos será de mil 50 millones de pesos, la mayoría proveniente de inversionistas privados.


Para ese sector el gobierno impulso la reforma en telecomunicaciones, con el objetivo de establecer fundamentos constitucionales y legales hacia una nueva arquitectura jurídica, así como promover una mayor competencia.


El director general de la consultora en construcción Forescatim, Ricardo Trejo Nava, mencionó que sobre todo en infraestructura carretera, los principales factores para no cumplir con la inversión fueron los recorte presupuestales que hizo el gobierno y la cancelación de diversos proyectos.


En 2015 la Secretaría de Hacienda anunció el primer recorte por 124 mil 300 millones de pesos; el segundo fue al año siguiente por 135 mil millones de pesos. En 2017 continúo el mismo escenario, pero ahora por 175 mil millones de pesos.


Hacienda canceló dos de los principales proyectos del sexenio: el tren México-Querétaro y el Transpeninsular, éste para impulsar el turismo y la actividad comercial en el sur del país.


De acuerdo con el estudio de la CMIC, en la industria turística se previó una inversión en infraestructura de 181 millones 242 mil pesos, de los cuales solo se alcanzó 10 por ciento, equivalente a 17 millones 785 mil.


Trejo mencionó que tanto en el sector carretero como en el turístico la solución ante la falta de recursos públicos es la figura de la asociación público privada.


Mediante ese esquema el gobierno otorga contratos a las empresas para que construyan y operen diversas obras de bien público, como carreteras, las cuales administran por diversos años para recuperar la inversión y obtener ganancias.


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