El juez federal Patricio Vargas negó la suspensión definitiva del amparo promovido por Barreiro, luego de que el pasado jueves se le otorgara una suspensión provisional que impedía a los fiscales presentar la carpeta de investigación ante un juez de control.
La Procuraduría General de la República (PGR) podrá llevar ante un juez de control su investigación contra el empresario queretano Manuel Barreiro, señalado por una supuesta operación de lavado de dinero para hacer llegar 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, candidato a la presidencia por la coalición Por México al Frente.
El diario Reforma reportó que el juez federal Patricio Vargas negó este miércoles la suspensión definitiva en el amparo promovido por Barreiro contra la PGR.
El pasado jueves se le había otorgado al empresario una suspensión provisional que impedía a los fiscales concluir la carpeta de investigación por este caso y presentarla ante un juez de control.
De acuerdo con Reforma, la suspensión también fue negada a Juan Carlos Reyes García, dueño de la empresa Manhattan Master Plan Development, que fue la que compró a Anaya una nave industrial por 54 millones de pesos.
Además, el juez Vargas Alarcón negó la suspensión definitiva a Ana Paula Ugalde Herrera, esposa de Manuel Barreiro; a Sergio Reyes García, y a Juan Pablo Olea Villanueva, vicepresidente de Advance Technology, otra empresa del queretano.
El acto reclamado por Barreiro en el amparo es la falta de respuesta a escritos presentados a la PGR por sus abogados el 14 de febrero.
Si la Procuraduría presenta la carpeta ante un juez de control, este asumirá la supervisión sobre la investigación, podrá citar a comparecer al empresario y cualquier otra persona involucrada, u ordenar su aprehensión si no se presenta.
Empresa que compró la nave industrial es “fantasma”
El pasado 16 de febrero, la empresa Manhattan Master Plan Development, que compró a Anaya una nave industrial por 54 millones de pesos, fue declarada como empresa fantasma definitiva por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
El SAT señaló que la empresa “ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
Con información de Reforma (suscripción necesaria).
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