Anaya vendió a una empresa ‘fantasma’, según lista del SAT
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Anaya vendió a una empresa ‘fantasma’, según lista del SAT

 

La empresa Manhattan Master Development responde que está legalmente constituida. Quedan dudas sobre la hipoteca que tramitó su esposa y la nave, dice Aristóteles Núñez.


México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación la lista definitiva de empresas fantasma, en la que incluyó a Manhattan Master Development S. de R.L. de C.V., firma que pagó 54 millones de pesos al candidato presidencial Ricardo Anaya por la compra de una nave industrial en Querétaro.


Horas más tarde, a través de su abogado Juan Mata Vadillo, la empresa afirmó estar legalmente constituida en México, de conformidad con la legislación aplicable, además de contar con activos y operaciones reales.


Asimismo aseguró haber realizado todos y cada uno de sus actos apegados a derecho, “como ha sido y continuará siendo acreditado ante los tribunales competentes”, por lo que llamó a las autoridades del país a dejar de lado las consideraciones políticas en las que se han visto involucrados y afectados “injustamente”.


Incluso aseguró que la determinación “se trata de una simple presunción que realiza el propio SAT”, por lo que su inclusión en la lista de empresas fantasma está siendo impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.


En su defensa, agrega, la empresa ha aportado pruebas que acreditan la ilegal inclusión en esta lista, entre las que encuentran una Opinión Favorable de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el propio SAT.


Sin embargo, el SAT señala que tras notificar del oficio de presunción el 16 de octubre de 2017 y del oficio de resolución definitiva el 13 de diciembre del año pasado, Manhattan no logró desvirtuar los señalamientos, por lo que el pasado 16 de febrero fue considerada definitivamente como empresa fantasma.


Ello luego de que se detectara la emisión de facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.


El domingo pasado, a través de un video en redes sociales, Anaya explicó las vías y fuentes que empleó para adquirir el terreno en cuestión, así como afrontar la construcción de casi 7 mil metros cuadrados luego de dos años de haberlo adquirido.


No obstante el ex titular del SAT, Aristóteles Núñez consideró que esta explicación deja dudas sobre la hipoteca que tramitó su esposa y quién construyó la nave, lo que le resta credibilidad al candidato.


En entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que si Carolina Martínez Franco, esposa del candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, tramitó el crédito contra la hipoteca de su vivienda, debió hacer una aportación a la empresa constructora.


Pese a ello reconoció que no corresponde a Anaya hacer una investigación o deslinde sobre si el recurso que recibió por la venta de la nave industrial tenía un origen lícito o no.


Al respecto, Fernando Rodríguez Doval, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN e integrante del equipo de campaña de Anaya, aseguró que la acusación se trata de una operación en la que están volcadas todas las instituciones federales contra el candidato presidencial.


“Vemos a todas las instituciones del gobierno federal volcadas contra Ricardo Anaya. No les tememos, no hay absolutamente nada que ocultar. Insisto, es parte de la guerra sucia del PRI para tratar de levantar la campaña en ruinas de su candidato Meade”, dijo.


En tanto que el abogado Diego Fernández de Cevallos, en entrevista con Carlos Puig para MILENIO Televisión, recomendó al aspirante presidencial no permitir que durante toda la campaña esté sentado en el banquillo de los acusados.


Aseguró que este es un asunto donde los recursos del estado se han volcado a la persecución y exhibición de Ricardo Anaya. “La intentona gubernamental va seguir, veremos quién sigue con esta guerra de lodo que viene desde el poder federal a través de la PGR”.


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