La presidencia de la República entregó al INAI una lista de nombres, apellidos y empresas de quienes han sido beneficiarios de onerosos contratos, apoyos o convenios de publicidad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La lista de 36 periodistas respalda la asignación de mil 81 millones 715 mil 991 pesos por concepto de publicidad y gastos de comunicación. La lista se filtró en un medio y se armó la polémica. Los “balconearon”, los “quemaron”, en el modismo mexicano.
Con el hastag #HampaDelPeriodismo circularon en redes comentarios respaldando la medida o censurándola. Hay quienes creen que es un exceso del titular del Ejecutivo, que se vulnera la libertad de expresión. Los más los califican de “chayoteros” y por lo tanto corruptos. Algunos advierten que la difusión los pone en riesgo de linchamientos mediáticos, cuando ellos no han hecho más que vender sus espacios publicitarios a instituciones de gobierno. Es legal- afirman- por tanto legítimo que empresas, debidamente registradas ante el SAT, suscriban convenios de publicidad. Sin embargo, nadie explica por qué se le compra espacios de difusión a páginas o sitios prácticamente “fantasmas”.
En su mayoría se les ha conocido como periodistas de Estado. De los enlistados habría que ver si no se comete una injusticia contra Ricardo Rocha, Ana María Salazar y Daniel Moreno, este último director del sitio Animal Político.
Sin embargo, sería difícil meter la mano por los siguientes: Joaquín López Dóriga, con 251 mdp a través de cuatro empresas (lo que da 115 mil pesos al día); Federico Arreola, 153 mdp; Enrique Krauze, 144 mdp; Óscar Mario Beteta, con 74 mdp; Beatriz Pagés con 57 mdp; el influencer en redes, Jorge Roberto Avilés Vásquez, conocido como Callo de Hacha, con 47 mdp; Raymundo Riva Palacio, con 31 mdp; Ricardo Alemán, con 25 mdp; Adela Micha, con 24 mdp. Y así en forma descendente hasta llegar a un millón de pesos.
Asimismo, por Rafael Cardona, Paola Rojas, Pablo Hiriart, Martha Debayle, Marco Antonio Mares, Yazmín Alejandrini, Eduardo Ruiz Healy, José Cárdenas, Jesús Michel, Francisco García Davish, José Ureña, Guillermo Ochoa, Raúl Sánchez Carrillo, Salvador García Soto, Alberto Vega, Ramón Alberto Garza, Francisco Garfias, Jorge Fernández Menéndez, Francisco Rodríguez, César Romero, Eunice Ortega, Beto de Tavira, Roberto Rock, Luis Soto, Nino Canún, Francisco Cárdenas Cruz y la reportera Maru Rojas. La mayoría son columnistas, conductores de noticiarios de radio y televisión, analistas de economía, política, seguridad, o directivos de páginas o empresas asociadas con sus nombres.
Destaco el caso del Periódico Digital Sendero (antes Sendero del Peje), de Federico Arreola, ex promotor de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña del 2006. En su mayoría, son voces que han descalificado o criticado de manera furibunda y hasta soez, al movimiento encabezado por López Obrador y estableciendo tendencias aparentemente neutras entre la opinión pública.
Pero como a los medios donde participan no les podían “picar los ojos”, crearon empresas propias, o con socios o familiares, a través de los cuales vendían espacios de publicidad al gobierno federal, a los de los estados, los municipios, así como a instituciones autónomas, los congresos, las universidades, etcétera. Es una práctica vigente hoy, fuera del Ejecutivo Federal, por lo que un segundo paso es que en dichos ámbitos se transparente la publicidad otorgada, porque los 60 mil millones de pesos gastados por Peña Nieto durante su sexenio provenían del erario.
Sorpresivamente en la lista no aparecen Carlos Loret, Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva, Sergio Sarmiento, Javier Risco, Yuriria Sierra, Leo Zuckerman, Héctor de Mauleón y Víctor Trujillo, Brozo, quienes no se sienten muy a gusto con el actual gobierno. Ellos, más los enlistados, ayudaron a esparcir la idea de que López Obrador era un “peligro para México”, razón por la cual se justificó el fraude donde se impuso a Felipe Calderón; lo mismo para afirmar a Peña Nieto en el poder. No obstante, están en todo su derecho de defender su labor crítica, y qué bueno que hasta ahora, no aparecen negocios en los que estén involucrados.
Nadie puede sostener que pactar contratos de publicidad sea negativo o la comisión de un delito. La exigencia es que hacia el futuro la presidencia de la República y los demás órdenes de gobierno transparenten montos y criterios de asignación a medios y empresas, a fin de que se establezca que no se está comprando opinión a favor de cualquier gobierno o en contra de algún personaje público. La publicidad oficial es una herramienta de la comunicación política, pero no debe usarse para mantener la gobernabilidad, ni mucho menos para moldear a través de “periodistas” influyentes a la opinión pública. Como la calidad informativa, la ética y la libre expresión son consustanciales a la democracia. Después de esta impresionante “balconeada”, urge una mejor ley de medios.
@ernestoreyes14
