¿El fin del “chayote”?

Ernesto Reyes


Hay dos periodistas que han sido silenciados, por diferentes razones por el Estado mexicano: Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó. Del último hay versiones contradictorias sobre el silencio que cayó sobre él, después de haber encabezado uno de los informativos más poderosos de la radiodifusión mexicana. La mejor opinión la tendrían sus ex trabajadores.

Sin embargo, la exclusión de Aristegui de su espacio en MVS, tuvo que ver con el veto impuesto desde Los Pinos, vía la familia Vargas, como represalia porque su equipo en periodismo de investigación difundió, en esto que ahora se llama periodismo colaborativo (en asociación con otros medios nacionales y extranjeros) el tema de “La casa blanca”.

El escándalo amplió la narrativa de la corrupción que durante el sexenio se extendió hasta límites inimaginables: Esto repercutiría, encadenado a muchas otras cosas, en la derrota del PRI, en julio pasado.

Pues bien, apenas declaró el presidente electo que iba a apoyar su regreso a la radio, algunos comunicadores caracterizados por su cercanía o complicidad con el agonizante régimen, reaccionaron negativamente a esta postura. Otros por mezquindad propia, guardaron silencio. Periodistas reconocidamente críticos coincidieron en que la señal enviada por López Obrador es que respeta la labor de ambos comunicadores, pero lo demás depende de la voluntad de los concesionarios.

Y es así, porque en México la mayoría de los medios electrónicos administran las concesiones como si fueran suyas, por lo que cuando un periodista incomoda o amenaza sus intereses, se deshacen de él, apoyados casi siempre por la Secretaría de Gobernación. Estas reglas no escritas tendrán que cambiar.

Cabe recordar que el ejercicio de la libertad de expresión está garantizado en la Constitución mexicana, y además en normas universales, legislación que advierte que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Por tanto, el Estado debe otorgar facilidades para este ejercicio, así como del Derecho a la Información que es del ciudadano, antes que del periodista.

En México tenemos casos, como los de Ana Lilia Pérez, Humberto Padget, periodistas de La Opinión de Campeche y Grupo Multimedios, acusados de daño moral por seis y 25 millones de pesos. Por fortuna, el académico y articulista Sergio Aguayo recién fue exonerado de una demanda por 10 millones de pesos de Humberto Moreira.

En Milenio Diario tuvo que renunciar un equipo de periodistas que documentó que las cifras del Coneval para medir la pobreza estaban siendo manipuladas por el Gobierno. Aquí quedó en entredicho la posición del medio que permitió presiones oficiales para atenuar su línea editorial sobre el tema, dejando desprotegidos a los periodistas. Por cierto su director Carlos Marín fue relevado apenas de sus funciones por causas que el propio medio y el protagonista saben muy bien, pero no por auto-censura, porque ahora trasciende que en la mudanza digital del grupo Multimedios, otros respetables comunicadores fueron lanzados a la calle.

En el número 2,180 de la revista Proceso se acaba de publicar el llamado “top ten” del “chayote” en el que se menciona que un grupo selecto de periodistas obtiene millones de pesos del erario destinado a la publicidad. El Informe “Dinero bajo la mesa” señala que los más beneficiados este año, en orden descendente, fueron: José Cárdenas, Adela Micha, Rafael Cardona, Jorge Fernández Menéndez, Pablo Hiriart, Ricardo Alemán, Raymundo Rivapalacio, Óscar Mario Beteta, Federico Arreola y Joaquín López Dóriga.

El reparto de publicidad en internet no obedece a criterios de audiencias o número de visitas a portales digitales, sino que es arbitrario. Parte de los 60 mil millones de pesos que según se estima gastaría Peña hasta el final de su gestión, incluye por supuesto a las televisoras, emisoras de radio, medios digitales y empresas de publicidad en la capital y el interior del país.

Lo anterior conlleva a la discusión que le corresponde retomar a la 64 legislatura federal, de mayoría morenista, sobre la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como “Ley Chayote”, que supuestamente norma los criterios para el reparto de la publicidad gubernamental. Aunque López Obrador ha anticipado que se recortará al menos el 50 % de gasto en publicidad, son muchos 30 mil millones de pesos, los cuales representan un tercio del presupuesto que recibe Oaxaca durante un año. ¿Se atreverá AMLO a enfrentar al enorme poder de los medios, y acabar con el “chayote” en beneficio de las audiencias? Ya veremos.

@ernestoreyes14

 

*Publicado en Noticias, "Voz e Imagen de Oaxaca"

 

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