Esta semana le diremos adiós a noviembre, penúltimo mes del año más fatídico de que tengamos memoria. No sólo por las miles de muertes que han convertido al país en un enorme panteón, a causa de la delincuencia, sino por los sismos que lastimaron la vida y el tejido social del centro y sureste de país.
No se me borra de la memoria la impotencia de la viejecita de Ixtlatepec, quien al igual que varios de sus paisanos, fue timada por unos bribones al vaciarle su monedero electrónico, diseñado por Bansefi, el cual fue entregado con amplia publicidad por Enrique Peña Nieto.
Casi 80 días después del 7 de septiembre, nadie puede plantar bandera blanca en las zonas afectadas, porque además de la burla que significó la clonación de tarjetas, todavía hay cientos de familias ignoradas en la evaluación oficial de viviendas, mismas que reclaman el levantamiento de un segundo censo.
Si existe gente todavía durmiendo en la calle, contra las promesas gubernamentales de que en poco tiempo todo iba a estar “bajo control”, es que no tenemos idea de lo que han tenido que pasar los sobrevivientes del Istmo de Tehuantepec, pero también los olvidados de la sierra y otros lugares afectados.
Grupos de la sociedad civil, particularmente en poblaciones del Istmo, no se han cansado de señalar grandes fallas en las tareas de reconstrucción porque consideran que se está sepultando para siempre una forma de habitar, apegados a su cultura, valores y tradiciones. Aunque se ha buscado atenuar la indignación, hasta la capital del estado siguen llegando grupos que se dicen marginados de los beneficios como las totoperas de Xadani y otros sitios.
Algo de esta responsabilidad ha de acreditárseles a las autoridades municipales y legisladores que les ha tocado padecer, quienes en lugar de estar peleando como “buitres” los apoyos para favorecer a sus “bases”, debieran alzar la voz con energía gestionando una forma de vida sustentable para sus representados.
Esta narrativa, no debe hacer que disminuya la solidaridad que hoy más que nunca siguen demandado allá donde faltan alimentos, techo y trabajo, ya que conforme pasa el tiempo se van espaciando las visitas presidenciales, las de los secretarios y comisionados, salvo a eventos muy focalizados, y de los funcionarios estatales. Pero sobre todo, disminuye la atención nacional que ahora mira hacia la sucesión presidencial. Así ha sucedido, lamentablemente con tragedias similares. Nadie se merece tan ingrato destino.
¿Será escuchada la CNDH?
En octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó que en los hechos de violencia ocurridos durante el sexenio de Gabino Cué en Asunción Nochixtlán y en otros sitios el 19 de junio de 2016, hubograves violaciones a los derechos humanos, mala coordinación entre fuerzas policiales y nula inteligencia para disolver el bloqueo carretero.
Esto derivó en “el empleo desordenado de la fuerza letal, fallas que derivaron en una afectación generalizada que impactó en el tejido social de la colectividad, vulnerándose derechos relativos a la vida, a la libertad, a la integridad y seguridad personal, al principio del interés superior de la niñez a una vida libre de violencia, al acceso a un recurso efectivo así como a la justicia y a la verdad”. El saldo: siete fallecidos, 174 pobladores lesionados al igual que 106 elementos policiales, debido al uso de armas de fuego, por parte de la tropa, entre otros daños.
Dirigida la Recomendación de Alto Impacto al gobernador y al Fiscal General del Estado, así como a sus pares en el gobierno federal, hoy se espera que con la misma diligencia con que se actúa contra altos ex funcionarios, se haga justicia hasta donde tenga que llegar, a las víctimas de Nochixtlán, Viguera y Hacienda Blanca, así como también a los policías que sufrieron daños físicos y de otro tipo en la encarnizada “Batalla del Día del padre”.
Aunque la Comisión Nacional de Seguridad y el gobierno estatal aceptaron de inmediato la Recomendación, ya pasó un mes y no se vislumbra que vaya a aplicarse la ley en contra de los presuntos responsables de ambos niveles de gobierno. ¿Veremos a altos ex jefes policiacos – federales y estatales-, a ex funcionarios y ex gobernantes también en la cárcel? ¿O sucederá como después de los hechos violentos del 2006, cuyos implicados hasta han sido reivindicados con cargos públicos por el mismo sistema que los protege? No se trata solo de pedir una disculpa a familiares de los caídos en Nochixtlán, se debe hacer justicia y garantizar que jamás se repetirán hechos de esta naturaleza.
@ernestoreyes14